EVALUACIÓN ÉTICA Y PODER

EVALUACIÓN, ÉTICA Y PODER

Capítulo I. El evaluador en la sociedad

El autor rescata la importancia de la evaluación de los programas públicos en las últimas décadas, debido al relieve social que transforma, justifica o desacredita los programas públicos. Por lo tanto, la responsabilidad moral en la evaluación es motivo de reflexión. La evaluación es un elemento de ayuda para poder elegir en un mundo donde la misma opción se ha convertido en un problema. Al conducir a una opinión fundada de que algo es bueno conlleva a un juicio acerca del valor de algo. Al ser comparativa, debe contemplar una serie  de normas y una clase con que comparar el objeto de evaluación para deducir en qué grado satisface las normas. Ante esto, surgen diversas interrogantes sobre el proceder del evaluador, ya que existen muchas personas con intereses personales en los resultados de la evaluación.

Comentario:

En concordancia con el autor, la posición del evaluador debe contemplar la justicia y la responsabilidad moral durante el proceso y al arrojar los resultados en el informe, debe estar claro en su papel de orientador, ya que el proceso es complejo y contempla muchas aristas. Debe  incluir un proceso dialéctico, y tomar en cuenta que las normas pueden ser contradictorias, por lo que el análisis del contexto es imprescindible. Asimismo, el evaluador, debe estar consciente de la manera en que utiliza las expresiones y recordar que los juicios de valor son más que todo recomendaciones, sin dejar de lado la tarea de hacer que su trabajo sea creíble, veraz y justo. A lo que surge la interrogante de ¿Cómo lograr esto? ¿qué actuación es la correcta durante el curso de la evaluación y para la presentación de resultados?. Se corre el riesgo de parcializar, de manipular la evaluación hacia los intereses de quien la contrata y es ahí donde el evaluador debe recordar su responsabilidad moral para que los resultados arrojen todo aquello que está mal con la finalidad de que se pueda mejorar en beneficio de todos los participantes del proceso. Debemos estar conscientes de que el propósito de toda evaluación no sólo es hacer un diagnóstico por hacerlo sino que debe conducir a mejora lo existente. Se invierten muchos recursos, mucho tiempo y en muchas ocasiones los resultados se quedan en el papel o se emplean para otros fines ajenos al mejoramiento de la situación objeto de evaluación.

Capítulo II. Los enfoques principales

Existen diversos enfoques de evaluación que pueden agruparse en pocos tipos básicos, que representan fundamentos racionales explícitos. Sin embargo, no se deben identificar  como propios de ninguna persona determinada. Así tenemos los siguientes: Análisis de sistemas, Objetivos conductuales, Decisión, Sin objetivos definidos, Crítica de arte, Revisión profesional, Cuasi-jurídico, Estudio de casos.

Estos enfoques son tipos idealizados, utilizados para aclarar el pensamiento en este campo, cada uno presenta caracteres exclusivos. Lo anterior permite conocer  la inmensa mayoría de las evaluaciones que se realizan en la actualidad, lo que no significa que cada evaluación adopte exactamente la forma  de cada uno de los tipos de enfoque. El esquema  de clasificación estriba más que todo en su validez como en su utilidad para comprender la evaluación.

Capítulo III. Premisas en que se basan los enfoques

Todos los enfoques de evaluación se basan en variaciones de las premisas del liberalismo, o de las concepciones de la democracia liberal. Los modelos difieren entre sí cuando cambian las premisas básicas. Los modelos vigentes se derivan de la filosofía del liberalismo, sus diferencias se deben a las desviaciones de la corriente principal Los elementos principales para comprender los enfoques son su ética, su epistemología  y sus derivaciones políticas. Los enfoques asumen un mercado libre de ideas en el que los usuarios compran las mejores, por lo que comparten las ideas correspondientes a una sociedad mercantil, competitivas e individualista, siendo la idea fundamental la libertad de elección, se fundan en una psicología muy individualista y su orientación es rotundamente empirista.

Comentario capítulos II Y III:

Cualquiera que sea el enfoque de evaluación, se hace ante la necesidad de evaluar algo, un programa, un proyecto, un currículo, un plan de estudios, un proyecto educativo de centro, con la finalidad de realizar un diagnóstico acerca de la situación actual. El problema es que el evaluador queda sujeto a los intereses de quienes pagan dicho proceso. Al contemplarse los enfoques dentro de un mercado libre, las dimensiones éticas y políticas adquieren relevancia, ya  que muchas veces los resultados no conllevan a la mejora del objeto evaluado y se pierde  el valor de esta como instrumento transformador. Al respecto es importante cuestionarse acerca de ¿Cuál es la utilidad que tienen los procesos de evaluación que se llevan a cabo en el ámbito educativo en nuestro país? Lo anterior en razón de que  la mayoría de las veces se reducen a datos en el papel sin ningún cambio como producto de los mismos. Es importante que el evaluador insista en la importancia de los procesos de evaluación como oportunidades para transformar y mejorar en pro del bienestar de la sociedad.

Capítulo VII. La democratización de la evaluación

El autor hace referencia a la evaluación democrática liberal, la cual debe considerar  el interés social y público por encima de los intereses privados de los individuos. Lo anterior debido a que la sociedad democrática liberal se concibe como  un mercado competitivo en el que se favorece la libertad de elección, lo que provoca desigualdades y el evaluador puede caer en la manipulación de la evaluación hacia los intereses de quien la contrata. El evaluador es un intermediario en los intercambios de información accesible a los no especialistas. Representa un grupo de intereses y no es posible que haga un mal uso de la información. En las evaluaciones, los grupos no solo se quejan de que sus intereses no queden reflejados sino de los sesgos por instrumentos y análisis inadecuados,

Comentario:

Según House (1997) en una sociedad liberal, las personas se ponen de acuerdo sobre los procedimientos y no sobre los resultados, por lo cual la evaluación como procedimiento de decisión moral debe procurar llegar de antemano a un acuerdo sobre lo que será la evaluación para poner las reglas de juego y que sea equitativo, siendo el contrato social un instrumento para asegurar la equidad. En concordancia con esta posición,  el contrato es una buena medida para asegurar los términos de la evaluación y para determinar la ruta a seguir, ya que estos procesos son complejos y si no se prevén pueden surgir motivos de discordia en el proceso, Por lo tanto, el evaluador, previa negociación entre partes,  debe asegurarse de incluir en el contrato los aspectos que considere necesarios para un buen término. Sin embargo surge la inquietud acerca de ¿Cómo proceder  si en el camino surge información de algún aspecto que no fue previsto en el contrato, pero  cuyos resultados develan situaciones  que necesitan mejorarse o que están mal llevadas? Aquí entra en juego el dilema ético que debe enfrentar el evaluado; así como sus habilidades de negociador para lograr que se haga un buen uso de los resultados de manera que se beneficie la mayoría.

Capítulo VIII. Un contrato de evaluación equitativo

El contrato  es fundamental en una evaluación de manera que se garantice la equidad en relación con las obligaciones en el proceso de evaluación, y que afecta prácticas, sistemas e instituciones.

Entre las condiciones para que un contrato equitativo, House (1997) cita las siguientes:

-Ausencia de coerción

-Racionalidad

-Aceptación de los términos

-Acuerdo conjunto

-Desinterés

-Universalidad

-Interés comunitario

-Información igual y completa (para todos los participantes)

-Sin riesgos

-Posibilidad (para llevarse a cabo)

-Contar con todas las opiniones

-Participación

Comentario

Una manera de procurar la equidad en los procesos de evaluación en las sociedades liberales , de acuerdo con House (1997) es mediante el contrato de evaluación, el cual debe cumplir con ciertas condiciones, además  de ser vinculante a menos que se contraponga con los deberes naturales o principios morales, llegando al punto, en estos casos, de rescindirse. Algunos otros autores, como Tyler (1976) o Care (1978) tienen puntos de vista diferentes respecto de esto, ya que para el primero, deben respetarse la información contenida en el contrato, y para el segundo, los resultados del acuerdo están bien si se han cumplido las condiciones de equidad en la mayor medida posible. Pero, ¿qué posición debe tomar el evaluador si los resultados de la evaluación arrojan información sobre un aspecto que no está contemplado en el contrato? Ante esto, es importante que tanto  el evaluador como el evaluado lleguen a un acuerdo de respetar los resultados de la evaluación siguiendo los principios de justicia aun cuando no se haya establecido en el acuerdo del contrato.

Capítulo IX. Poder y deliberación

La mayoría de las evaluaciones se sitúan entre ambos extremas de influencia y poder, pero la mayoría, especialmente las evaluaciones gubernamentales  tienden al paternalismo.

Para que la evaluación de los programas públicos sea válida, debe contribuir a la justicia en la sociedad en general. Para el autor, una adecuada justicia  tendría en cuenta los valores de igualdad moral, autonomía moral, imparcialidad  y reciprocidad. La manera de sopesar estos principios, afirma el autor, es intuitiva, ya que sirven como consideraciones primarias a sopesar y equilibrar en una situación determinada, a menos que entren en conflicto y haya que decidir que uno tenga mayor importancia que otro.

Comentario:

De acuerdo con el autor, la evaluación de los programas públicos debe contribuir a la justicia de la sociedad en general, para lo cual debemos considerar el bien colectivo sobre el bien individual, por lo que los valores propuestos como fundamento moral de la evaluación deben ser discutidos, a la luz del liberalismo en que vivimos y que considera a los individuos  interesados en sus propios fines, en que las relaciones no son obligatorias ni necesarias, sino voluntarias.  Por lo tanto, una interrogante válida del autor que nos hace reflexionar es acerca de ¿Qué le ocurre a los perdedores en tales procedimientos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los perdedores?. Es ahí donde el evaluador debe defender la evaluación deliberativa, imparcial, responsable en que se hallen representados  todos los intereses y  no esté determinada por grupos de poder mediante la persuasión a los participantes acerca del estado de la cuestión. Esto es algo difícil en muchos casos, de ahí la importancia de pensar en todos los involucrados en el proceso y tomar las mejores decisiones para favorecer siempre la mejora, pero tomando en cuenta todos los involucrados y procurando analizar todas las aristas.

Referencias

House, E. R. (1997). Evaluación, ética y poder. Madrid: Ediciones Morata.